Las familias
Víctimas también son las familias
7 de mayo del 2019
Las familias de la personas desaparecidas son víctimas que se convierten en agentes de investigación para ver qué fue lo que pasó y quién lo hizo, entonces en medio de su dolor, las víctimas se empoderan, y luchan por la justicia y por la búsqueda de sanación moral como acto resiliencia tras los hecho traumáticos.
“La desaparición forzada es terrorismo de Estado y de lesa humanidad que no prescribe hasta que aparece la persona detenida” Rosario Ibarra
Para el 1 de marzo del 2019, La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó 171.567 personas desaparecidas forzosamente en Colombia; mientras que el instituto de Medicina Legal y Forense, para el 1 de abril del 2019, registró 144.714 víctimas, de las cuales 28.860 fueron desaparecidas forzosamente, 522 se clasifican en presuntos reclutamientos ilícitos, 283 desaparecieron por desastres naturales, 154 por presunto secuestro, 81 por presunta trata de personas y en 114.811 casos no se ha determinado el motivo de desaparición.
​
​
​
Tras estos número hay familias que esperan, que buscan, que se resignan; ellas también son Víctimas. Según la Ley 1448 del 2011 (ley de víctimas), las víctimas son aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves por el conflicto armado interno desde el año 1985. Dentro de esta ley se expresa que “También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente.”
​
En Colombia más de la mitad de los casos registrados de desaparición son una incógnita y hay que tener en cuenta a aquellos sin registrar, ya sea porque no se denunció, porque el Estado no reconoció el hecho, o porque la desaparición ocurrió antes de 1985. Para ser reconocido como víctima se debe estar en el registro único de víctimas, a lo que el doctor en filosofía Luis Antonio Ramírez Zuluaga dijo, es muy complejo pues no todas las denuncias son reconocidas por el Estado, por lo tanto, no son censadas y no aparecen en los datos. Igualmente hay que tener en cuenta que a veces el victimario es el gobierno, a esto se le llama ejecuciones extrajudiciales, y es muy problemático puesto que dentro del marco jurídico no se dice que él puede ser el victimizante. Así que en estos casos es mucho más difícil que se reconozca a la víctima.
No todas las denuncias son reconocidas por el Estado, por lo tanto, no son censadas y no aparecen en los datos
Otro problema es que en la ley 1448 solo se presentan dos victimarios, grupos que hagan parte del narcotráfico o grupos que hagan o encaminen a acciones beligerantes contra el Estado, como dice el psicólogo Santiago Aguirre “en conclusión, narcotraficantes o guerrilla”, entonces la banda del barrio, los grupos paramilitares o el mismo estado no son victimarios y esta perspectiva sesga enormemente la posibilidad de esclarecer los hecho y realizar la reparación a las víctimas.
​
​
​
En un caso de desaparición también se puede acudir a la Fiscalía a presentar la denuncia y se da el nombre de la persona, su documento de identidad, fecha y lugar de la desaparición, además de las características físicas. Posteriormente ellos se encargan de hacer una recopilación de datos donde se habla con las personas que vieron al desaparecido por última vez y se intenta deducir quienes son los posibles responsables. Se deben entregar 25 fotos recientes del sujeto y de ahí se pasa a hacer la búsqueda de la persona o de su cuerpo.
​
​
​
Pero más allá de registros, números y burocracia, están las víctimas, las familias, personas que esperan que les digan la verdad, que se haga justicia, que haya una no repetición pues se levantan todos los días con un gran peso en el alma. En Colombia el gobierno da indemnizaciones económicas y en algunos casos se hace reparación psico-social; pero también se habla de reparación moral y de un llamado a la sociedad para que se reconozcan los daños sufridos por algunas personas, que no solo se les reparen, sino también que se cambien las condiciones que llevaron a que se produjera el delito.
Ley 1448 solo se presentan dos victimarios, grupos que hagan parte del narcotráfico o grupos que hagan o encaminen a acciones beligerantes contra el Estado
En el artículo Hacia una ética del testimonio. Usos, labores y escenarios del testimonio, el doctor Zuluaga declara que “se debe abrir y mantener espacios donde las personas afectadas participen de la justicia, no sólo para obtener el castigo de los perpetradores de sus males, sino también para liberarse o emanciparse de su situación de “víctimas”. En este artículo, también resalta que los actos violentos, aunque pueden llegar a paralizar una vida, pueden generar la voluntad de reconstrucción o transformación.
​
​
​
En Colombia son las víctimas quienes más toman responsabilidad de sus procesos “hay personas muy empoderadas, gente que ha optado por ocupar espacios de poder y tratan de hacer algo. Hay muchas organizaciones de víctimas y asociaciones.” Afirma Zuluaga. El estado tiene la mayor responsabilidad ya sea por acción o por omisión, en cuanto a esto Aguirre opina que el gobierno está en una posición cómoda y que los hechos pasan precisamente porque el Estado no está donde debería, “y al estado no me refiero a policía y ejército, me refiero al Inder, Secretaria de Juventud, equipo de atención y reparación de víctimas, los club de vida. Porque están en otros lugares y no donde deberían estar para prevenir, generar alertas tempranas y simplemente se acomodaron a atender la emergencia.”.
Hay personas muy empoderadas, gente que ha optado por ocupar espacios de poder y tratan de hacer algo
Las víctimas también se enfrentan a otros retos externos como lo son la lucha por denunciar la situación ante las autoridades, obtener justicia y reparación, además de enfrentarse a una sociedad y a un sistema que las revictimiza constantemente a medida que se esfuerzan por ser escuchados.
​
Frente a esta situación, es necesario que todos nos convirtamos en aliados de los procesos de reparación y justicia que casos como estos necesitan, empezando por acercarnos desde la rama que estudiamos y así, aportar a que se haga justicia en el país.